Compartimos la intervención del senador Mario Bergara, en el marco de la discusión del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución del Ejercicio 2020, explicitando las sobradas razones que nos impiden acompañar este proyecto. A 20 meses de haber asumido, lo actuado por el gobierno es opaco, empobrecedor, inconsistente entre el ahorro y las necesidades inocultables de la sociedad y carece por completo de proyecto aspiracional capaz de contener a la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía.
“En ocasión de la visita a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del equipo económico, la ministra de economía solicitó que su gestión fuera evaluada por los resultados, y eso haremos. Transcurridos 20 meses de gobierno debemos decir de forma contundente que estos han sido, francamente, decepcionantes.
El gobierno intenta matizar los malos resultados obtenidos planteando que la caída de Uruguay en 2020 respecto a 2019 fue de las menores en la región. Sin embargo, esta comparación no es la adecuada, ya que durante 2020 hay meses con y sin pandemia, y porque los países partían de situaciones previas diferentes.
Lo correcto, desde el punto de vista técnico, es tomar el dato del PIB del último trimestre disponible, en este caso el segundo trimestre de 2021, y compararlo con el trimestre previo al surgimiento de la pandemia, esto es, el último trimestre de 2019.
Si hacemos esto, vemos que la economía uruguaya todavía se ubica 2,8% por debajo del nivel previo a la pandemia. Este comportamiento sitúa a Uruguay entre los países de peor desempeño económico de la región durante la pandemia, junto con Argentina, muy por debajo de Chile, Paraguay y Brasil, países que ya recuperaron los niveles de actividad pre pandemia.
Parece caer por tierra la idea de que no se podían tomar más medidas sanitarias para evitar contagios y muertes porque afectarían negativamente la economía. Resulta que otros países que tomaron más medidas se han recuperado con más potencia que nuestro país.
Esta pobre recuperación de la economía uruguaya ha estado muy por debajo de lo previsto por el gobierno en ocasión de la discusión presupuestal, cuando el equipo económico nos hablaba de una rápida recuperación (en forma de “V”), sin mayores efectos sobre el aparato productivo, el empleo o el tejido social.
Este pobre comportamiento que describimos se acentuó desde mediados del año pasado. En efecto, en los últimos tres trimestres (entre el tercero de 2020 y el segundo de 2021), la economía uruguaya creció tan solo 2,1%. En este mismo período Brasil creció 4,3%, Argentina y Paraguay 5,9% y Chile 11,2%.
Las razones de este desempeño decepcionante hay que buscarlas en la orientación de la política económica llevada adelante por este gobierno. Esta conducción no ha logrado traducir los buenos resultados sanitarios de 2020 y el conjunto de fortalezas políticas, sociales, económicas y financieras heredadas (algunas de ellas construidas desde larga data, como la estabilidad institucional), en un menor impacto del shock y una recuperación económica con mayor dinamismo.
La amortiguación del golpe producto de la pandemia y la recuperación actual se cimentaron, en buena medida, en proyectos que el gobierno heredó de la administración anterior. La construcción de UPM 2 y del ferrocarril central, que en su momento fueron ejes centrales de crítica para la entonces oposición, hoy le inyectan hierro a una economía anémica, con una conducción sin ideas, y una apelación a la reducción del gasto y de los salarios, como inútil y perimido mecanismo para incentivar la oferta. ¡Una vez más se demuestra que el fundamentalismo doctrinario es un mal consejero!
Por suerte para el país, estamos viviendo una coyuntura externa muy favorable para los principales bienes de exportación, no así para los servicios turísticos, claro está. En otras épocas, a fenómenos similares se les llamaba “viento de cola”, y se les adjudicaba el poder de por sí sólo hacer que el país creciera a tasas superiores al 4%, muy por encima de las tasas de crecimiento históricas del país.
¡Ni tan pelado, ni con dos pelucas! Ni todo el crecimiento económico en su momento se basaba en un contexto internacional favorable, ni podemos dejar de destacar hoy, a nivel de bienes, el rol que están jugando los precios internacionales en la reactivación. Pero tanto ayer, como hoy, la política económica juega un papel central en la explicación del desempeño económico. Ayer lo potenció. Hoy, lamentablemente, desaprovecha las posibilidades de apuntalar el crecimiento y atender los problemas sociales que la crisis está dejando.
Sin políticas públicas que acompañen, con pautas salariales que deprimen los ingresos de los trabajadores, este “viento de cola” actual no derrama sobre las grandes mayorías. De esta manera, la recuperación no llega a todos, sino que, por el contrario, se traduce en una sociedad más desigual, con todos los problemas sociales y económicos que ello conlleva.
La equidad no parece ser un objetivo que persigue el gobierno, lo que marca otra profunda diferencia con las administraciones frenteamplistas, que mostraron que era posible transitar una senda de crecimiento sostenido con equidad. Esto se tradujo en menor pobreza y desigualdad, y en el mayor crecimiento de la clase media desde que se llevan registros.
Asimismo, preocupa que la política económica se haya construido sobre bases endebles, en tanto no hay un marco macroeconómico coherente y consistente entre sí.
Un ejemplo claro es la disociación entre el resultado fiscal y el crecimiento económico. La caída de la economía fue 2,4 puntos porcentuales mayor a la prevista por el gobierno, de los cuales 0,8 puntos se explicarían por el cambio de base del PIB. Sin embargo, a pesar de este significativo peor desempeño económico respecto a lo previsto, las proyecciones fiscales de 2020 se sobrecumplieron, como si se tratasen de variables independientes entre sí, o peor aún, que estuvieran negativamente relacionadas, cuestión que todos sabemos, no es así.
La respuesta a esta inconsistencia hay que encontrarla en los errores cometidos por el equipo económico al momento de armar las proyecciones macroeconómicas que deberían dar sustento a la política fiscal.
Otra perla en el collar de inconsistencias lo encontramos en la previsión de crecimiento para todo el período de gobierno, que de un año a otro, del Presupuesto a esta Rendición de Cuentas, se recortó de 11,7% a 6,6%. El año pasado, para justificar el 11,7%, el equipo económico se apoyaba en la estimación de crecimiento potencial de la economía estimada por el MEF, de 2,3% anual. Ahora, al justificar la baja en la previsión de crecimiento a casi la mitad, este mismo equipo económico nos dice que ello no responde a que los resultados obtenidos hayan sido peores a lo previsto, sino que carga las tintas sobre la nueva metodología de medición del PIB aplicada recientemente por el BCU.
Esto realmente es sorprendente, señora Presidenta. Ahora resulta que un cambio en el año base para medir el PIB afecta el crecimiento potencial de una economía a mediano y largo plazo. Está claro que nada tiene que ver con esto, sino que depende en exclusiva de las capacidades productivas que tenga el país, en términos de capital, tecnología y trabajo. El equipo económico, muy lejos de los slogans de campaña y las frases hechas, no se “hace cargo” de los resultados obtenidos, ni reconoce los errores cometidos.
El equipo económico también nos dice que, a partir del cambio metodológico realizado por el BCU para el cálculo del PIB, también se revisó la estimación del producto potencial y del Resultado Fiscal Estructural, pilares de la regla fiscal adoptada por el gobierno. Los resultados presentados muestran nuevamente los problemas de consistencia en la programación macroeconómica, además de dejar en evidencia la absoluta falta de transparencia con la que el equipo económico se ha movido en el tema.
Resulta que, como consecuencia del cambio metodológico, al tener un PIB más alto, todos los valores expresados como porcentaje del PIB se redujeron. Todos excepto el “Resultado fiscal estructural” de 2019, que se mantuvo en -4,6% del PIB. Esta decisión del equipo económico implica que ahora el resultado estructural de 2019 que estiman es casi 240 millones de dólares mayor al estimado en el Presupuesto, un año atrás, ¡y referido a lo sucedido en 2019! O sea, ¡en 2021 se resolvió un aumento del déficit estructural de 0,4% del PIB, con fecha valor 2019!
La contracara de esto es que ahora parecería que la economía uruguaya en 2019 no estaba tan mal, como se proclamaba a los cuatro vientos durante la campaña electoral, y también durante el primer año de este gobierno. En efecto, con el cambio metodológico del PIB el equipo económico también modificó la estimación de la “Brecha de Producto”, esto es, la distancia que existe entre el crecimiento potencial y el observado. Y resulta que pasamos de tener una brecha negativa de 2,7%, según lo estimado el año pasado en el Presupuesto, a tener ahora una brecha positiva de 0,6%.
¡A pesar de todas las críticas que se formularon durante la campaña electoral respecto a la situación económica del país, resulta que ahora el equipo económico nos dice que en 2019 la economía uruguaya se encontraba por encima de su nivel potencial! Echa por tierra su propio argumento de que heredaron una economía en crisis. A confesión de parte…
Realizaron un ajuste retroactivo en sus estimaciones del 2019 de 3,3 puntos del producto sin decir ni agua va. No presentaron la más mínima justificación de un cambio respecto a cifras correspondientes a dos años atrás, que tiene consecuencias relevantes para la determinación del Resultado estructural, variable clave para la definición de la orientación de la política fiscal en el marco de la mal llamada regla fiscal que crearon en la LUC.
Todas estas cuestiones, que fueron consultadas al equipo económico en su comparecencia a la Comisión y que no tuvieron respuesta alguna, dejan en evidencia la total falta de transparencia con la que se han movido en el tema: a pesar de los reiterados pedidos realizados, seguimos sin contar con el detalle de la metodología, ni los supuestos ni los cálculos realizados, que justifiquen los significativos cambios introducidos en tan solo un año.
Otra fuente de discrecionalidad y falta de transparencia refiere a un conjunto de obras, saludables y compartibles en cuanto a los fines que se propone atender, que el gobierno plantea realizar por fuera de la cobertura fiscal. Así evita mostrar su efecto sobre el déficit, dibujando el resultado fiscal. A través de la constitución de fideicomisos financieros, que debieran integrar la cobertura fiscal y no está previsto que lo hagan, el gobierno plantea un artilugio contable para evitar reflejar el costo fiscal de estas propuestas, pasándoselo a las administraciones siguientes, que verán comprometido su presupuesto en el repago de lo ya gastado.
Compartimos la necesidad de volcar más recursos a las políticas que mejoren la situación de vivienda de la población y, en particular, la regularización de asentamientos. Es un objetivo fundamental que acompañamos. Durante los gobiernos frenteamplistas se avanzó en la regularización de 100 asentamientos, pero somos conscientes de que ha sido insuficiente y que la situación requiere más esfuerzos. Por eso hemos planteado que se vuelquen los recursos necesarios de manera directa al programa de asentamientos, financiándose con recursos que ya están en la rendición de cuentas y que se reservan para reforzar rubros de los diversos incisos. Tomar 20 millones de dólares anuales de esa partida que supera los 400 millones parece ser una decisión correcta, si realmente le damos prioridad a este tema. El gobierno no acompañó esta propuesta y, en cambio, fue por el camino de crear un fideicomiso financiero (que no registra el gasto fiscal cuando se realiza ni se incluye en los registros de deuda pública) metiendo en el medio los recursos del Instituto Nacional de Colonización y recursos que maneja el MIDES relativos a las pensiones a la vejez. ¿Qué necesidad de hacer ese dibujo? ¿Qué necesidad de meter ruido e incertidumbre en las políticas de colonización y de seguridad social? Porque no se garantizan en absoluto los recursos que hoy recibe Colonización. ¿Por qué no destinar directamente los recursos como lo propone el Frente Amplio?
De esta forma, y a pesar de la insistente referencia que el gobierno realiza a la prudencia fiscal, se recurre a dibujos contables para sortear las restricciones fiscales por una vía oblicua, comprometiendo totalmente a los próximos gobiernos, lo cual deja bastante cuestionada su autoproclamada responsabilidad fiscal y la tan mentada transparencia. Porque se debilita la transparencia cuando se generan ingenierías presupuestales que no registran los gastos y las deudas a las que se compromete al Estado.
Por otra parte, hoy vemos que el equipo económico habla con cierta soltura de que la pandemia es “cuasi historia”. Lamentablemente esta pandemia y las decisiones adoptadas por el gobierno en materia económica y social, hacen que esto pueda ser así para algunos pocos, pero definitivamente no es así para el grueso de la población, que sigue al margen de la recuperación en curso.
Para esto, si queremos basar nuestro análisis en datos objetivos y no solamente en retórica, en momentos donde la construcción del relato está tan jerarquizada, basta ver cómo se ha comportado la recaudación de la DGI durante los primeros ocho meses del año. Estas cifras hay que compararlas con el mismo período de 2019, dejando por fuera 2020, que es un año distorsionado por la irrupción de la pandemia en marzo.
Al hacer esto, vemos que la recaudación en términos reales de todos los impuestos asociados a rentas personales y al consumo interno siguen por debajo de los niveles de 2019: IRPF-trabajo (-7,6%), IVA interno (-1,4%), IMESI combustibles (-9,8%), tabaco y cigarrillos (-9,6%) y bebidas (-11,0%).
Este es el reflejo de la caída en el ingreso de los hogares, por el efecto conjunto de menos empleo y un deterioro de salarios y jubilaciones reforzado por una política salarial de deterioro del salario real, que todavía no se propone una recuperación de lo perdido.
En un sentido opuesto, los impuestos asociados a la propiedad y rentas empresariales y capital están experimentando importantes aumentos en términos reales, lo que muestra quiénes son los que están mejorando su situación económica: IRPF-capital (+13,2%), IRAE (+1,7%), IMEBA (+21,0%) y el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (+22,6%).
Se trata de una pequeña élite la que se está beneficiando del proceso de recuperación en curso, propietaria de grandes extensiones de tierra y empresas, a la que el gobierno ha hecho gestos bajando impuestos, mientras sube el IVA, el IRPF al trabajo y el IASS en momentos de crisis. Un pequeño grupo de personas al que el presidente de la República ha catalogado como los “malla oro”, poniendo en sus manos el destino del país, y demostrando sus escasos conocimientos en materia de ciclismo, puesto que, en este deporte como en la sociedad misma, el que cincha y carga con el grueso del esfuerzo es el pelotón.
En estrecha relación con lo anterior, queremos compartir con el pleno una situación que se reiteró en el tratamiento de la comisión y en las exposiciones de las autoridades de diversos incisos.
Por una parte, el presidente y el equipo económico celebran los millones que se ocuparon de impedir gastar, a fin de obtener mejores resultados fiscales. Podríamos pensar que estas decenas de millones obedecen a los hallazgos de despilfarros, mala gestión, gastos superfluos e innecesarios en los que incurrió el Frente Amplio. Recordemos la promesa de campaña de retirar la grasa sin sacrificar el músculo. Ocurre que esa pretendida cirugía de precisión resultó una sangría en áreas especialmente sensibles del Estado, es decir de la ciudadanía toda.
Queremos ser muy claros en esto: el gobierno dejó de destinar 140 millones de dólares en soluciones para los uruguayos que más lo necesitaban, ni una sola razón que lo justifique. Aun respetando sus directrices fiscales (ya de por sí austeras y limitadas) aún dentro de su margen de maniobra, fue más realista y se guardó 140 millones.
Reitero: el gobierno podía haber volcado 140 millones de dólares más para ayudar a los más necesitados, para que no se perdieran decenas de miles de puestos de trabajo, para que no cerraran micro y pequeños comercios y empresas, para que decenas de miles de compatriotas no cayeran en situación de pobreza. ¡Y eso lo podía haber hecho sin violentar sus propias metas fiscales! Aún sin considerar que esas metas eran inapropiadas para la situación de crisis, aún sin considerar que los países en el mundo les dieron vacaciones a sus reglas fiscales durante la pandemia, aun así, el fundamentalismo y la ortodoxia los llevan a festejar ahorros que son sinónimo de desempleo, destrucción de empresas y pobreza. Queda claro que si en el Uruguay hubo más pérdida de puestos de trabajo, más empresas cerradas y más deterioro social, fue por una decisión política del gobierno de no volcar recursos suficientes para sostener la situación económica y social, aún, reitero, sin violentar sus propias metas fiscales!!
Mientras el equipo económico exponía su misión cumplida, por el Parlamento se exhibieron y desfilaron carencias de todo tipo. Para poner únicamente algunos ejemplos, nos limitaremos a unos pocos que nos preocupan sobremanera:
En el INISA, institución que sufrió severos recortes, se denuncia falta personal, de recursos para vestimenta, alimentación y artículos de limpieza. El caso de la ANEP es por todos conocido, habida cuenta que generó malestar que se recogieran las carencias confirmadas en la Cámara de Representantes. Quien hasta hace pocas horas fuera Fiscal General de la Nación compartió en esta casa las dificultades que atraviesa nada menos que la administración de justicia por ausencia de recursos. Y podríamos seguir enumerando ejemplos.
Estos y otros ejemplos que seguramente serán objeto de debate en este ámbito, entendemos que no solo obedecen a una concepción completamente diferente de las urgencias y las necesidades públicas, sino que expresan dos formas de entender el rol del Estado. El gobierno dice con claridad que el Estado es un lastre y una carga para los malla oro, en franca oposición al precepto batllista del Estado como escudo de los pobres. El rol del Estado es fundamental en una visión estructural de crecimiento y de desarrollo económico y social, pero es mucho más importante en el medio de una crisis.
Hasta aquí algunos aspectos de nuestra valoración en cuanto a la rendición de cuentas de lo actuado por el gobierno y los ajustes planteados en lo inmediato.
Para finalizar desearíamos compartir una preocupación respecto al mediano y largo plazo, que tiene que ver con la ausencia absoluta de un proyecto de país que incluya a las grandes mayorías y por ende de los recursos, los tiempos y las metas para alcanzarlo.
A nuestro juicio es inimaginable una noción de país posible para las próximas generaciones sin tener claridad en el alcance de un modelo de crecimiento que radique en la generación de conocimiento y la incorporación de valor en clave de sustentabilidad.
Decimos que esta aspiración está ausente porque no hay supuestos que conduzcan a ella.
El actual gobierno ha criticado largamente la concepción de país que interpretó (y en buena medida cristalizó el Frente Amplio). Es muy válido que así fuera. Por esa razón esperábamos hallar, entre las prioridades de esta rendición de cuentas, apuestas deliberadas en otro sentido. Pero no las hay.
Apostar a una sociedad del conocimiento implica antes que nada destinar recursos para formar a nuestra gente en niveles de excelencia y generar las condiciones para que, una vez formados, permanezcan en el país y sean atractores de otros talentos y capacidades.
No hay nada de eso. Los fondos destinados a la formación, lejos de crecer, se han reducido. Hay tristes ejemplos en toda la cadena de supuestos. Se redujo el presupuesto para el acceso a la literatura científica, y las posibilidades de participar de las experiencias de acceso abierto. Sin herramientas para acceder al estado del arte, es imposible colocar nuestras capacidades en la frontera del conocimiento. No hay apuesta alguna a incrementar el número de proyectos de investigación básica y aplicada. Apostar a la ciencia fundamental es esencialmente eso: apostar. Son años de recursos y de esfuerzos locales y en cooperación para concretar hallazgos. Así ocurrieron los grandes pasos que hoy son irrenunciables, las vacunas, la conectividad, la virología, por poner ejemplos de actualidad.
Tampoco es posible un país en clave de desarrollo si desacumulamos en materia de trasferencia tecnológica. No hay más recursos para construir los puentes imprescindibles entre la academia y el sector productivo. Urge hacer dialogar a las empresas con las usinas del conocimiento. Pero ello requiere de recursos. Un proyecto innovador es dinero porque el país comparte con las empresas el riesgo de innovar, justamente para que los frutos derramen en puestos de trabajo, avance productivo, devolución en impuestos y en divisas. Lamentablemente, nada de eso hay en el proyecto que hoy consideramos. Quizás por eso, 90% habla del pasado, porque esta rendición de cuentas no mira al futuro.
En resumen, sobran las razones que nos impiden acompañar este proyecto. Hemos asistido a un análisis de la rendición de cuentas con resultados insuficientes y poco prometedores. A 20 meses de haber asumido, lo actuado por el gobierno es opaco, empobrecedor, inconsistente entre el ahorro y las necesidades inocultables de la sociedad y carece por completo de proyecto aspiracional capaz de contener a la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía.”
