El desmantelamiento del sistema de compras centralizadas está provocando un importante deterioro en la calidad de la salud pública y las políticas sociales y en la eficiencia y transparencia del gasto público.
Dr. Germán Pérez Malveira
En nota de Búsqueda N° 2232 del 6 de julio, y a partir de datos obtenidos a través de la Ley de acceso a la información pública, se da cuenta que la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) propone adquirir, mediante el sistema de convenio marco, algunos bienes que eran adquiridos por la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) a través de dos procedimientos especiales aprobados por Decretos aún vigentes, N° 129/003 y N° 147/009, que permiten utilizar el poder negociador del Estado por demandas en gran escala a partir de los requerimientos de los organismos usuarios, con ejecución descentralizada de los contratos y priorización del pago a través del Sistema Integrado de Información Financiera del Estado, (SIIF).
Dichos procedimientos funcionaron correctamente durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, quien los mantuvo y mejoró en base a la experiencia adquirida. El actual gobierno ha desmantelado el sistema de la UCA, lo que tuvo como consecuencia, entre otras, la falta medicamentos, particularmente en ASSE, tal como ha trascendido a la prensa.
La ARCE tiene como finalidad promover acciones tendientes a la mejora de la gestión y la transparencia de las compras y en general de las contrataciones del sector público. Haber incorporado a la UCA como unidad organizativa, tiene además el efecto del desarrollo y la administración de convenios marco y procedimientos especiales de naturaleza colaborativa, que facilitan la agregación de demanda para la contratación de bienes y servicios de uso generalizado, mediante el uso de tecnologías de la información que aseguren la trazabilidad asociada a cada procedimiento.
Recién en el presente mes, bien entrado el cuarto año del gobierno, con el asesoramiento de la ARCE el Poder Ejecutivo ha aprobado un régimen especial para la compra de medicamentos y afines, mediante el Decreto N° 200/023, que regula un supuesto “nuevo procedimiento” que ignora la existencia de los decretos que regulaban el procedimiento de la UCA
Este procedimiento especial estipula la confección de una nómina de proveedores precalificados por ASSE, dándole facultades de regular y administrar esa nómina con proveedores que son habilitados por el MSP, cuyas empresas deben estar inscriptas en el RUPE. Además, exige a los otros prestadores públicos de salud (Hospital de Clínicas, Hospital Militar, Hospital Policial, Hospital del BSE, etc.) su consentimiento para participar del procedimiento de adquisición y otorga facultades para designar a los integrantes de la Comisión Asesora responsable del análisis de las postulaciones, adjudicando siempre a la oferta que presente el menor precio, considerando los regímenes de preferencia que correspondan.
Esta es una muy llamativa asignación de poder a ASSE, que ha demostrado impericia en sus contrataciones, al no haber resuelto ninguna adjudicación competitiva de medicamentos a casi tres años y medio de gobierno.
Luego de un sinnúmero de cuestionamientos al sistema existente y anuncios de muy diversa índole por parte de su presidente (Dr. Leonardo Cipriani) augurando mejorar el sistema de compras, ASSE convocó cuatro licitaciones públicas en los meses de agosto y setiembre de 2022 (LP 44/2022, 45/2022, 46/2022 y 47/2022), las que calificó de procedimientos “novedosos” con la finalidad de tener “stock de medicamentos para el verano”, por las que realizó en el período de seis meses, ocho prórrogas a las aperturas de ofertas que aún no ha podido adjudicar.
La paradoja que observamos es que se crea un régimen especial con la intención de solucionar los evidentes problemas que ha tenido ASSE en la adquisición de medicamentos, otorgándole la llave para permitir el ingreso al sistema al resto de los prestadores públicos de salud.
Cabe preguntarse, ante los cuestionamientos mencionados por el Dr. Cipriani sobre la ineficiencia del sistema UCA: ¿Por qué motivo se mantiene la adquisición de medicamentos a través del Llamado 4/2017? En este escenario actualmente caótico, ¿a qué precios, por unidad física, se compran los 100 principales medicamentos que utilizan los prestadores públicos de salud? ¿Por qué razón, a partir de esos cuestionamientos, recién se ha elaborado un nuevo procedimiento, a casi tres años y medio de gobierno? Este nuevo procedimiento especial y con ofertas y precios vistos, ¿Implicará que ASSE dejará sin efecto las licitaciones públicas antes referidas? ¿En qué momento se pondrá en funcionamiento y qué situación de suministro de medicamentos para toda la red hospitalaria pública dejará para el próximo gobierno? ¿Cómo convivirán las licitaciones públicas de ASSE y este nuevo procedimiento, a poco más de un año y medio de marzo de 2025? Surgen estas interrogantes, connotaciones de una gestión con desidia y poco apego a la transparencia y la efectividad en el gasto público.
Otro ejemplo de esto son las compras de frutas, verduras y huevos a través de la UCA. Esta aplicaba un sistema de canasta inteligente, con control de calidad certificada por la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM), con precios que, en el último Llamado realizado en el año 2019, no superaban el 43% del precio de mercado mayorista publicado en los boletines DIGEGRA-CAMM, para su distribución y entrega en cada uno de los distintos lugares de elaboración de esos alimentos por parte de los organismos compradores. Asimismo, se adquiría carne vacuna y víveres secos, por el procedimiento especial del Decreto N° 129/003 para todos los organismos públicos, hospitales, INDA, etc.
En el caso del INDA, el Mides ha sustituido parte de esos procedimientos por compras a través de la Fundación A Ganar, sobre los que se han denunciado la existencia de irregularidades múltiples. En un caso paradigmático de huida del derecho administrativo y de los controles legales.
Respecto de la información de los convenios marco aplicados, ¿cuál es el costo de administrar un sistema de compras que alcanzó apenas el 11,55% de las adjudicaciones del año 2022 y qué eficiencia se ha comprobado en materia de satisfacción de los organismos estatales adquirentes, en cuanto a la calidad y disposición de esos bienes? ¿Puede evaluarse positivamente, analizando las compras de únicamente tres años?
La ARCE ha priorizado la utilización de una herramienta de gestión de compras, Sistema de Información de Compras Estatales (SICE), de indudable utilidad, como si ello fuera la solución final de todos los aspectos que conforman la contratación pública.
Lo que se requiere es la correcta aplicación de procedimientos especiales que garanticen los principios de igualdad, concurrencia y transparencia; brindar asesoramiento a los organismos públicos apuntando a la eficacia y eficiencia en una contratación pública responsable y sostenible, con desarrollo humano y cuidado del medio ambiente, con un correcto estudio de admisibilidad de ofertas, evaluación técnica y económica de las mismas necesarios para determinar la oferta más conveniente a los intereses públicos, actualizando el concepto de “oferta más conveniente” como criterio de adjudicación a favor del principio de “valor por dinero” y con criterios claros de sostenibilidad económica, ambiental y social en la adjudicación de ofertas.
Germán Pérez es abogado y profesor adjunto derecho administrativo de la Universidad Católica del Uruguay. Integra el nodo temático sobre transformación del Estado de Fuerza Renovadora.
