El 5 de agosto pasado el diario El País dedicó su editorial a cuestionar el derecho constitucional al sufragio de los uruguayos en el exterior.
Compartimos la réplica que elaboraron nuestras compañeras Patricia Soria y Laura Fernández, la cual fue publicada en edición papel y en web para restringida a suscriptores. Las autoras entendieron importante democratizar los contenidos del debate.
El editorial de “El País” del día 5 de agosto[1] vierte conceptos que nos vemos en la obligación de desencriptar públicamente. Ojalá no sea una conversación de sordos y enriquezca el entendimiento ciudadano sobre un asunto crucial para nuestra democracia.
El problema mayor surge en el título. Hablar de izquierda y voto en el exterior es mezclar deliberadamente una opción política con un derecho humano fundamental. Nada más peligroso que confundir el ejercicio del derecho al sufragio con el contenido del sobre.
El único argumento esgrimido en contra de garantizar este derecho es que ya se votó en 2009. Debemos destacar que nos alegra el debate que reconoce que es un tema extremadamente relevante, y que se dejen de lado argumentos en lógica de ciudadanía censitaria, como aquellos que reclaman que para votar se paguen impuestos, lo que resulta ridículo solo con imaginar en las mesas de votación un inspector de DGI verificando que quién va a sufragar esté al día; o los que acuden al «informómetro», como si quienes votamos en el territorio diéramos examen antes de votar.
Es preciso señalar que en 2009 se votó una modalidad específica para garantizar el voto en el exterior: el voto epistolar. No el derecho en sí (que no es “plebiscitable” por ser un derecho inalienable) ni lo que hoy se propone que es el voto consular.
Es extremadamente conservador sostener que el tema está laudado. Han pasado 14 años y es insólito pensar que el padrón no se ha modificado ni depurado; hay gente que ya no forma parte del padrón y hay sangre nueva que ha ingresado al tronco viejo para nutrirlo con nuevas formas de concebir la sociedad. Además, la constante reflexión y formación del pensamiento crítico, inherente al ser humano, nos lleva a cambiar de opinión a lo largo de nuestras vidas, algo natural y saludable. Una ciudadanía virtuosa es aquella que se informa, se involucra, debate y se anima a cambiar de opinión si es necesario.
Existe otro argumento estrictamente político. El parlamento tiene la potestad de estudiar y re evaluar todo aquello que considere necesario. Si todos los temas en nuestra República quedaran laudados para siempre tras ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía (el parlamento también es la voz del soberano), no tendríamos divorcio por sola voluntad de la mujer, las mujeres no hubiéramos accedido a la educación formal ni tendríamos ley de 8 horas; todas leyes progresistas (identificadas con el Batllismo y la izquierda), opuestas a corrientes conservadoras (Herreristas y riveristas de siempre) que pretendían mantener todo igual ya que eran temas laudados.
El derecho es una convención esencialmente viva. La necesaria seguridad jurídica no puede impedir la evolución de las normas. El derecho uruguayo adolece de un inocultable rezago y desconoce la Constitución y las normas internacionales contemporáneas.
Para traspasar el plano dialéctico es preciso señalar un ejemplo concreto y reciente. En las pasadas elecciones nacionales, el plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga con la consigna «Vivir sin miedo» no tuvo el respaldo popular, con un 53.17% de la ciudadanía en contra. Sin embargo, 4 meses después, el actual gobierno de la coalición multicolor puso a consideración del parlamento medidas, dentro de la LUC, rechazadas por el Pueblo en el referido plebiscito. Por tanto, el argumento de la editorial cae por su propio peso y no resiste archivo.
Este es el único argumento presentado en contra del derecho al voto en el exterior. El resto de la editorial se basa en ataques a la izquierda en contraposición a lo que llaman “coalición republicana”, distinción que en sí misma es un agravio ya que la condición republicana no es excluyente a la izquierda sino más bien inherente, pero eso amerita otra columna. Además, cuestiona la integridad de la INDDHH, cuestiona a la Corte Electoral misma, al poner en duda su capacidad para desarrollar sus competencias asignadas constitucionalmente, y pone en duda al cuerpo diplomático, insinuando que pueden ser parte de un posible fraude electoral. Y, por supuesto, se descalifica a la izquierda con el mote de “antidemocráticos” por promover esta iniciativa.
¿Cómo es posible que se nos califique así por querer garantizar un derecho tan básico como el voto? ¿Son antidemocráticos todos los países de Europa que tienen instaurado el voto en el exterior? ¿Lo es Estados Unidos, con su voto epistolar? Es injusto y deshonesto intelectualmente plantear este debate en términos de «democráticos» y «antidemocráticos», ya que está en juego una vez más en la historia de nuestro país aquello que Real de Azúa denominaba el ‘impulso y su freno’.
Uruguay es una de las democracias más robustas del mundo. Nos identifica nuestro sistema de partidos sólido, nuestra transparencia y la estabilidad institucional. La Corte Electoral es una institución ejemplo que vela por la transparencia y las garantías de todos nuestros procesos eleccionarios. El voto consular que propone el senador Mario Bergara y la bancada del Frente Amplio no plantea delegar la organización del acto eleccionario en un grupo de fanáticos, sino que cumpla con todas las garantías previstas en la Ley electoral. Dudar de la transparencia del proceso responde más a una necedad ideológica que a elementos fundados.
En este tema, como en otros, queda de manifiesto la divergencia ideológica que ha modelado nuestra sociedad y nuestro sistema político, la de los progresistas y los conservadores, como otrora sucedió con los Batllistas y Herreristas. Este debate se divide entre quienes anhelan que nada cambie y quienes nos proponemos trascender esa disputa ideológica y acercar en lugar de dividir. Sólo trascendiendo la grieta que algunos insisten en imponer Uruguay podrá, finalmente, permitir el ejercicio efectivo de un derecho humano fundamental, reconocido en nuestras leyes.
Patricia Soria es Lic. en Ciencia Política y edila en Montevideo por Fuerza Renovadora (FA)
Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora (FA)
[1] https://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/izquierda-y-voto-desde-el-exterior
